A menos de 24 horas de la discrepancia entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM) por la emisión del dictamen de Basilea III, ayer los banqueros fueron sorprendidos con la publicación de la resolución para la entrada en vigor del acuerdo en materia regulatoria para el 1 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Todavía ayer (martes) el presidente de la ABM, Jaime Ruiz Sacristán, había manifestado confianza porque se llegara a una negociación con las autoridades reguladoras para que las disposiciones implícitas en Basilea III no aplicaran de inmediato.
“Esto es una cosa que no está en Basilea III. Hemos negociado con las autoridades y están dispuestas a dar un plazo suficientemente amplio para que los bancos puedan prepararse y no aplique o no muerda esta situación hasta dentro de 3, 4, 5 años”, dijo entonces Ruiz Sacristán.
Sin embargo, a sólo dos días de la transición política en México se publicó en el DOF que Basilea III entrará en operación a partir del 1 de enero del siguiente año, lo que, a decir de algunos analistas, implica una subordinación de los intereses de un legado personal por encima de un análisis estratégico de las necesidades del sector.
Argumentan que, aunque los integrantes del sector financieros ya estaban conscientes de que este acuerdo entraría en vigor antes de fin de año, no dejó de sorprenderlos la prontitud con que se llevó a cabo la publicación.
¿Listos?
Aunque algunas instituciones financieras, y la propia Asociación de Bancos de México (ABM), argumentaban que no todo el sistema bancario estaba listo para adherirse a Basilea III, debido a que se limitaría el otorgamiento de crédito y el crecimiento del sector, la CNBV, presidida por Guillermo Babatz, dio avance a la publicación de este acuerdo.
Inclusive, se preguntan si la publicación estuvo consensuada con las autoridades de Hacienda, o fue una “iniciativa” del titular de la Comisión.
Con el aval de la CNBV, y con la publicación realizada por la Secretaría de Hacienda, México se convertirá en el primer país en adoptar el acuerdo de regulación financiera Basilea III, aún cuando ni los países europeos, donde tuvo origen el documento, lo han aprobado.
“Si bien es cierto que la regulación ayudará a transparentar el actuar de las instituciones, no todas tienen la capacidad de asumir el reglamento. Quizás tengan el nivel de capitalización, pero deben invertir más y eso limitará su actuar”, coincidió Raymundo Tenorio, especialista del Tecnológico de Monterrey.
Agregó que serán las instituciones financieras más pequeñas las que resulten más afectadas con esta normatividad.
La preocupación mayor en la banca, coinciden analistas, no se relacionado con estar o no listado en la Bolsa, sino el tener las condiciones suficientes para continuar con el crecimiento del crédito y con ello apoyar el desarrollo del país.
En este sentido el presidente de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifim), Adalberto Palma, recordó la solicitud presentada para aplazar la entrada de Basilea III y eliminar como requisito obligatorio listarse en la Bolsa Mexicana (BMV), así como modificar el límite de capitalización que deberán los bancos.
En el documento se establece que el índice de capitalización mínimo (Icap) para las instituciones se mantendrá en 8.0 por ciento y seguirá vigente la entrada a bolsa de las firmas.
La medida ha sido tan transgresora que el nuevo titular del órgano regulador podría reconsiderar los términos de Basilea III en el país, pues la administración saliente ya dejó un mal sabor de boca a los banqueros del país.
Efectos
¿Qué es Basilea III?
Es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario.
¿Afectaciones?
¿Afectaciones?
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer) solicitó a la CNBV, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revisar el impacto que tendrá la adopción de las reglas de Basilea III para los bancos que operan en nuestro país, pues estima que habría una afectación en el otorgamiento de créditos por parte de las pequeñas instituciones financieras, lo que al final de cuentas afectaría a las empresas.
Se estima también que adoptar las nuevas reglas internacionales y tener que ir a Bolsa Méxicana de Valores de forma obligatoria traería como consecuencia un costo significativo para los bancos, en especial para los de menor tamaño, y dichos costos pudieran trasladarse a los usuarios.
El tema que causó discordia entre banqueros y autoridad fue el de que en caso de emitir un monto determinado de acciones subordinadas, éstas deberían tener la opción de ser convertibles a acciones y para ello cotizar en la Bolsa si se quiere que cuente como capital, por lo que a decir de los bancos medianos y pequeños, esto sería un costo excesivo para su operación.
Se sugirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) efectuar una evaluación dentro de los primeros tres años de su aplicación, con la fin de determinar todos sus efectos y poder determinar si en el futuro es posible un relajamiento o reforzamiento de las reglas, según sea el caso, pero no se aclara si se acatará este pronunciamiento realizado por la Cofemer.
Contra un rescate de los bancos
Uno de los beneficios de que los bancos cuenten con altos niveles de capitalización en el país, es que se cierra la puerta a un nuevo rescate, si es que las instituciones experimentan problemas en escenarios de crisis.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son los recursos con los que cuentan las instituciones financieras en nuestro país los que actúan en un momento de crisis y no el dinero de los contribuyentes.
Independientemente de ello, los recursos de los clientes de la banca están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
“Por mandato, el IPAB administra el sistema de protección al ahorro bancario, garantizando el pago de las operaciones bancarias consideradas como obligaciones garantizadas hasta por una cantidad equivalente a 400 mil unidades de inversión (UDI’s) por persona física o moral, y por institución bancaria”, según los estatutos del organismo.
En este sentido de protección, de presentarse el caso, el IPAB realizaría los actos correspondientes para resolver, al menor costo posible, que las instituciones de banca múltiple con problemas financieros afecten su nivel de capitalización.
Las obligaciones garantizadas son: depósitos bancarios de dinero a la vista, como las cuentas de cheques, las cuentas de ahorro personal y los depósitos a plazo o que puedan retirarse previo aviso, así como los certificados de depósito.
Asimismo, se cuentan los depósitos que puedan retirarse en días preestablecidos, así como los que se hacen en cuentas corrientes asociados a tarjetas de débito.
Articulo publicado por el periódico Excelsior el día jueves 29 de noviembre.
Articulo publicado por el periódico Excelsior el día jueves 29 de noviembre.
